El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador presentó un escrito al Centro Penal La Esperanza donde pide explique la razón de no liberar al exministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde, y al exinspector general de Centros Penales Ramón Fernando Roque Mártir, quienes tienen carta de libertad desde el 11 de diciembre del 2023.
«Solicítele al director del complejo penitenciario La Esperanza, inspector Juan José Ramírez Montano, informe la situación jurídica de los procesados Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde y Ramón Roque Mártir, expresando las razones por las que no han sido puestos en libertad», dice la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia.
En la misma, pide explicación si los procesados están a la orden de otra sede judicial y «de ser así, especifique el nombre del juzgado o tribunal».
Esta es la tercera vez que el Tribunal Quinto de Sentencia pide un informe al centro penal sobre la situación de los procesados, ya que en las ocasiones anteriores no hubo respuesta.
Ejemplifican que al escrito del 9 de enero de este año enviado al penal, el director del penal conocido como “Mariona” respondió solicitando que, en el juicio, los procesados estén en modalidad virtual para «proteger la seguridad de estos», evadiendo el informe de la situación jurídica del exministro de Justicia y Seguridad.
Ramón Roque Mártir.
El juicio para el exministro y 18 personas más está programado para el próximo 1 de julio, todos procesados por el caso Asocambio. Es la segunda vez que se reprograma el juicio, ya que el pasado 12 de enero se suspendió por falta de conexión con el centro penal.
La defensa sostiene que ambos imputados están «detenidos ilegalmente», cuando deberían gozar de libertad, luego que el tribunal les diera medidas por cumplir dos años en prisión sin tener sentencia.
El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.
