La deuda que el Estado tiene con el ahorro para las pensiones de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) creció $149.4 millones durante el mes de enero del 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR).
La nueva ley integral de pensiones vigente desde enero de 2023 permitió que el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) siguiera emitiendo instrumentos para que sean adquiridos por las AFP con los fondos de los cotizantes y así poder enfrentar obligaciones previsionales.
Con esa cantidad, la nueva ley ha permitido la emisión de un total de $1,247.16 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que deben ser adquiridos por las AFP.
Con la anterior normativa, un mecanismo similar permitió la emisión de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que, con la reforma, se convirtieron en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) con nuevas condiciones como un periodo de gracia de cuatro años –no habrá amortizaciones de capital ni de intereses durante ese periodo– y una mayor tasa de interés, del 7 % anual.
Debido a este periodo de gracia, la deuda estatal de pensiones en CFT se ha mantenido en un aproximado de $8,396 millones desde abril de 2023.
De esta deuda, un total de $1,247.16 millones es nueva deuda estatal con el fondo de pensiones gracias a la reforma vigente desde enero de 2023, la cual también permitió el aumento del 30 % a las pensiones que no aplica para quienes retiraron el 25 % de anticipo y manteniendo la pensión mínima en $304.17.
