Miguel Girón, abogado defensor de Rubén Zamora, interpuso un recurso de apelación por la acusación en el caso de matanza El Mozote, bajo el argumento que la jueza de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, no tiene jurisdicción y comparecencia para conocer el caso.
El abogado sostiene que siguiendo la lógica de la acusación de la jueza Mirtala Tereza Portillo de Cruz, contra Rubén Zamora, por el delito de encubrimiento personal, al aprobar la Ley de Amnistía en favor de los principales imputados de la matanza El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, sería por la emisión de un voto y su opinión, cosa que la Constitución prohíbe juzgar sobre los legisladores, argumenta el abogado defensor.
«Dice que los jueces no pueden juzgar sobre eso, además dice que los diputados son inviolables respecto a eso en cualquier tiempo, eso significa que no hay jurisdicción para conocer sobre ese tipo de cosas, entonces hay una excepción perentoria que se llama falta de jurisdicción del juez, y eso se alegó», afirmó el abogado Miguel Girón.
«La jueza de Gotera está conociendo de una situación ocurrida en la Asamblea Legislativa, entonces se le dijo que eso no puede conocer porque Gotera no tiene nada que ver con San Salvador en cuestión de territorio, y por tanto, habría una falta de competencia de la juez para conocer de cosas que hayan ocurrido en San Salvador», aseguró la defensa de Zamora.
Ambas situaciones les fueron planteadas a la jueza en recursos, pero contestó que no habría lugar, en ese sentido apelaron su decisión ante la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro de Oriente.
Según el abogado defensor de Zamora, Miguel Girón, la Cámara podría responder sí ha lugar la apelación; en ese caso podría decretar un sobreseimiento definitivo en favor de Zamora, y en el caso que declare no ha lugar tendría que ordenar que será otro juzgado, en San Salvador, que conozca la acusación.
Zamora, actualmente está sujeto al proceso penal bajo medidas sustitutivas a la detención, entre ellas, no podrá salir del país sin permiso judicial, no podrá acercarse a las víctimas o testigos, y deberá de firmar cada 15 días en un juzgado de San Salvador.
