La Superintendencia de Competencia impuso sanciones a dos empresas de transporte internacional de carga terrestre por acordar la fijación de precios de los fletes para el transporte de mercancías, que oscilan los 100 mil dólares.
La fijación de precios es una práctica anticompetitiva que causó daños en este mercado, limitando las opciones de las empresas importadoras y exportadoras, generando costos indebidos a los consumidores, dice la Superintendencia.
La Superintendencia valoró el alcance de los daños que tuvo la práctica, dado que los infractores promovieron el acuerdo de adoptar precios establecidos entre considerable porcentaje del sector. Estos se valieron de sus cargos en una asociación y divulgaron dicha práctica hasta en medios de comunicación masiva.
Las empresas sancionadas son APAL S.A. de C.V. y Transportes El Ángel, con una multa de USD 100,375.00 a cada una, por comprobarse el cometimiento de la práctica prohibida en el art. 25 de la Ley de Competencia.
En la investigación, la SC pudo comprobar que el acuerdo de fijación de precios ha estado vigente desde octubre de 2020 hasta la fecha, por lo que con la resolución sancionatoria se pide además de pagar la multa impuesta, el cese de la práctica para no seguir afectando a empresas y consumidores.
La sanción se calculó tomando en consideración criterios como la capacidad económica de los agentes sancionados y la gravedad de la infracción, es decir, el daño causado y la participación de los infractores en este, informó la Superintendencia.
El Superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, afirmó que “en un momento post pandemia, con crisis internacionales e inflación mundial, estas prácticas son intolerables para el Gobierno de El Salvador, ya que se traducen en aumento de costos para las empresas y también una afectación a los salvadoreños como consumidores de las mercancías transportadas por el sector”.
La SC reafirmó su compromiso con la defensa de la sana competencia, mediante investigaciones y sanciones que marcan precedentes, que contribuya a tener mercados eficientes donde empresas nacionales y potenciales inversionistas puedan operar con seguridad jurídica, en igualdad de condiciones, y sin afectar la economía de las familias salvadoreñas.
