Tal como estaba decretado por el juez de la causa, el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el exinspector general de Centros Penales, Ramón Fernando Roque Mártir, fueron trasladados esta tarde de viernes, del Centro Penal La Esperanza, conocido como «Mariona», a sus respectivas viviendas, a cumplir arresto domiciliar.
El traslado ocurrió cuatro días después que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador decretara el arresto domiciliario, y sustituyera las medidas sustitutivas a la detención que tenían desde diciembre del 2023, pero que nunca se cumplieron por Centros Penales.
El arresto domiciliario es una medida que la FGR no acepta pues insiste en que ambos procesados continúen en las bartolinas de “Mariona”, y ha apelado la decisión de los jueces, y pide que mantengan las medidas sustitutivas a la detención provisional, ya que en los próximos días Ramírez Landaverde y Roque Mártir podrían recuperar su libertad, pero bajo la medida de arresto.
El arresto domiciliario se otorgó porque la defensa de Landaverde pidió la suspensión del juicio programado para el pasado 12 de agosto, por falta de traslado del exministro y de Roque Mártir. Los jueces suspendieron el juicio y lo reprogramaron para el próximo 20 de agosto, esperando que ambos procesados estén presentes en la audiencia.
Mauricio Ramírez Landaverde y 18 personas más son procesadas por el caso conocido como Asocambio, referente a actos de corrupción en tiendas penitenciarias, por delitos como actos arbitrarios, peculados, cohecho impropio y falsedad.
A las 19 personas, la fiscalía general de la República los acusa de conformar la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación. La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
