El presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Teodoro Antonio Pacheco, afirmó que él y los demás líderes comunitarios no están relacionados con la muerte de María Inés Alvarenga, un hecho supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989.
Los dirigentes de ADES esperan que la acusación que presentó Fiscalía General de la República (FGR), no sea aceptada y esperan que “prevalezca la legalidad y el respeto al estado de derecho”.
“Nosotros estamos muy convencidos de que no tenemos nada que ver con la acusación que nos hacen y confiamos de que las instancias que llevan el caso tienen que resolver conforme a la legalidad, con el debido proceso y conforme al estado de derecho, no hay justificación para que las cosas sean distintas”, declaró Pacheco.
Aseguran que: “El recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables jueces de sentencia, lo cual además constituye un comportamiento misógino de la Fiscalía General de la República que amerita ser denunciado como un acto de violencia contra la mujer”.
En ese sentido, las organizaciones solicitan a los magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque que “actúen conforme a la ley y justicia” rechazando la apelación presentada por la Fiscalía y “confirme la resolución que de manera unánime emitieron las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque”.
“Lamentamos que nuevamente la Fiscalía General de la República en obediencia a órdenes del (Órgano) Ejecutivo y amparados en el terror que significa el protocolo del Régimen de Excepción sean nuevamente criminalizados estos cinco defensores del medio ambiente”, agregó la vocera de Socorro Jurídico Humanitario.
Además, sostienen que la FGR ha “malgastado tiempo y recursos durante casi 2 años en la acusación sin prueba” contra los líderes comunitarios y hacen el llamado a que investiguen “los verdaderos delitos de guerra” y que “no se empeñen en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra los defensores del agua, el medio ambiente y la vida”.
La Comunidad de Santa Marta ha reiterado desde el principio que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador, debido a que entre los acusados hay cinco líderes ambientales del cantón Santa Marta, Victoria, Cabañas, quienes encabezaron la lucha antiminera en el país.
La Fiscalía acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, procesados por el homicidio de María Inés Alvarenga, un hecho supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989.
