La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existen pruebas documentales y financieras que respaldan las acusaciones de irregularidades en la declaración patrimonial de Chicas y de otros implicados, alcanzando un total de $282,494.21 en presuntas inconsistencias.
Según la FGR, las investigaciones apuntan a que Chicas, durante sus períodos como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (2009-2014), director de la junta directiva del Registro Nacional de las Personas Naturales, secretario de Comunicaciones de la Presidencia y diputado del Parlamento Centroamericano, incurrió en un aumento patrimonial injustificado por $252,306.13.
Las irregularidades observadas incluyen depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y adquisición de bienes, sin que se haya acreditado un origen legítimo para dichos fondos.
La esposa de Chicas, Blanca Stefany Ayala Martínez, también está involucrada en el proceso, acusada de dos inconsistencias por un valor total de $11,282.00.
A su vez, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, enfrenta un señalamiento por $1,080.44. Asimismo, su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, es señalada de haber incurrido en ocho inconsistencias, sumando $17,825.64 en depósitos en efectivo, cheques y la compra de un vehículo.
La Fiscalía ha enfatizado que las pruebas recabadas a lo largo de la investigación incluyen documentación exhaustiva que respalda las acusaciones contra Chicas y su entorno familiar, con el objetivo de demostrar la procedencia ilícita del incremento patrimonial detectado.
