Entre marzo y abril de 2025, José Osmín Santos Robles, Brandon Bladimir Sigaran Cruz y William Alexander Martínez Ruano fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Sin embargo, su regreso se tornó en una angustiosa incógnita, ya que, desde el momento de su llegada, el paradero de los tres jóvenes permanece en completo misterio. Sus familias, sumidas en la desesperación, no han vuelto a saber de ellos.
«Han pasado meses y no tenemos una sola llamada, ni una carta. No sabemos si está vivo, si está preso, si lo tienen incomunicado”, relata la madre de Brandon, de 21 años, deportado el 15 de marzo.
Los tres hombres ya habían sido deportados con anterioridad y, tras intentar regresar a EE.UU., fueron capturados y enviados nuevamente a El Salvador. Pero, a diferencia de ocasiones previas, su aterrizaje marcó el inicio de su desaparición de todo registro oficial. Ni la Policía, la Fiscalía ni los Centros Penales confirman su ubicación, mientras que la Embajada de Estados Unidos tampoco ha proporcionado detalles. Ante este vacío de información, que su abogado, Kelvi Zambrano, califica de “desaparición forzada en toda regla”, las familias agotaron todas las vías legales internas sin obtener respuestas.
Este caso se enmarca en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022, un contexto donde organizaciones de derechos humanos documentan miles de detenciones, arrestos arbitrarios y muertes bajo custodia. Se teme que los jóvenes hayan sido retenidos bajo esta figura y trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad como el CECOT, sin notificación a sus familias ni acceso a defensa legal. Fue esta impenetrable opacidad la que llevó al representante legal a presentar en septiembre una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares para proteger sus vidas y derechos fundamentales.
Mientras se espera la respuesta de la CIDH, que podría forzar al gobierno de Nayib Bukele a rendir cuentas urgentemente, el dolor de las familias se profundiza. Ellas continúan una búsqueda incansable en hospitales, cárceles e instituciones, convirtiendo su angustia personal en un clamor colectivo. “Quiero que me digan dónde está mi hijo. Si cometió un delito, que lo juzguen, pero que no lo escondan. No saber nada es la peor tortura”, implora la madre de José Osmín. Su lucha no solo busca encontrar a sus seres queridos, sino que también abre un debate crucial sobre la responsabilidad del Estado frente a las personas deportadas bajo su custodia.
