El Tribunal Supremo Electoral desapareció de su Portal de Transparencia los nombres y las hojas de vida de todos sus funcionarios y asesores, justo cuando investigaciones periodísticas revelan una profunda reestructuración interna con fichajes polémicos. La omisión quedó al descubierto en el quinto monitoreo de transparencia activa de Acción Ciudadana, realizado en julio de 2026 y difundido este 11 de agosto.
“Ha desaparecido por completo la información relacionada a los funcionarios y asesores, así como sus currículos”, sentencia el informe de la entidad fiscalizadora. El documento detalla que el apartado “Directorio y currículo de funcionarios”, que en evaluaciones previas figuraba completo, desde diciembre de 2025 es un cascarón vacío. La sección de asesores, ya desactualizada en abril de 2025, quedó sin contenido desde julio de ese año y hasta la fecha de cierre del monitoreo seguía sin exhibir un solo dato.
La cortina de silencio digital coincide con una reconfiguración de la estructura del organismo electoral que ha documentado el medio FOCOS. Su reportaje de julio de 2026 consigna despidos, sustituciones y la llegada de personas que antes trabajaron con la presidenta del TSE, Roxana Soriano, en la Corte de Cuentas y en el Instituto de Acceso a la Información Pública, además de cuadros vinculados a Casa Presidencial. Cuando el mismo medio solicitó la nómina actualizada de titulares de las dependencias, los currículos respectivos y el número de empleados en unidades clave como la Dirección de Organización Electoral, el tribunal se negó a entregar los datos invocando la Ley para la Protección de Datos Personales.
La negativa abarca un fichaje que ha encendido las alarmas dentro de la Junta de Vigilancia Electoral. El exdiputado de GANA y comentador político Romeo Auerbach fue contratado como coordinador en la Dirección de Organización Electoral, con un salario de $3,000, según fuentes del organismo citadas por este periódico. El cargo habría sido creado y aprobado por los magistrados en fecha reciente, pese a que Auerbach se acogió en febrero de 2022 a un decreto de retiro voluntario que le impedía regresar al TSE durante cinco años, es decir, hasta febrero de 2027.
Representantes de la Junta de Vigilancia —con excepción del PDC y Nuevas Ideas— pidieron en junio a Soriano que lo separara del puesto, argumentando que sus declaraciones políticas contra partidos opositores y su abierto respaldo al oficialismo comprometen la neutralidad del árbitro electoral. La presidenta del TSE sostuvo que Auerbach se presentó a una convocatoria pública de personal y que no ocupa un cargo de confianza. LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de Soriano y del propio Auerbach, pero no hubo respuesta. El monitoreo de Acción Ciudadana confirma que ese historial laboral es hoy inaccesible para cualquier ciudadano que consulte el Portal de Transparencia, a pesar de que la ley obliga a publicarlo de oficio.
La opacidad no es un hecho aislado. De los 33 ítems de información pública que Acción Ciudadana evaluó en julio, 26 están desactualizados, tres aparecen vacíos o con inexistencia injustificada, uno está incompleto y apenas tres cumplen con el estándar de estar completos y en formato procesable. Rubros como presupuesto, salarios, viajes, adquisiciones y contrataciones arrastran atrasos que en algunos casos se remontan al tercer trimestre de 2024.
A meses de las elecciones, el informe advierte que el nivel de cumplimiento del TSE no registra mejoras sustanciales y subraya que parte de la información —como el calendario electoral— se aloja en el sitio institucional, pero deliberadamente fuera del Portal de Transparencia.
Mientras el máximo organismo comicial blinda los rostros y las credenciales de quienes manejan los hilos del proceso electoral, crece una pregunta incómoda: ¿qué hay detrás de ese velo que la ley prohíbe correr?