La Ley de Recursos Hídricos entrará en vigor en junio próximo, a pesar del rechazo de las organizaciones sociales por considerar que tiene indicios de privatización, y afecta a las más de 2,500 juntas de agua que abastecen del recurso a las comunidades donde la ANDA tiene deficiencias; la ley, además, no prioriza el cuido del ecosistema, a pesar de que es donde nace el agua.
Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), dijo que el Estado como tal, puede emitir un decreto, pero otra cosa será la realidad, si se revisan algunos artículos de la Ley de Recursos Hídricos, “hay buenos, pero lo que no nos parece, es el enfoque”, pues se crea una autoridad y le dan autonomía financiera, “darle a una instancia autonomía financiera, quiere decir que va a funcionar con los recursos que pueda obtener.
En la ley dice que el agua no se va a privatizar, yo creo que no se va a privatizar, pero están creando una Autoridad Salvadoreña del Agua y le están diciendo `debe funcionar como empresa privada´, entonces ¿cuál es la diferencia?”, cuestionó.
“Una forma para privatizar un bien es hacerlo autónoma, como es el caso de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ¿qué era ANDA? una autoridad autónoma que dependía del agua que vendía y da un mal servicio porque no ha tenido fondos necesarios para funcionar bien. Y cuando una instancia no funciona bien, la gente comienza a pensar que, porque es de Gobierno, se debería de dar a la empresa privada”, comentó Ricardo Navarro.
El Cesta proponía meses atrás que se conformara un Viceministerio del Agua, el cual se iba a enfocar en “garantizar que haya agua en el territorio, porque si no hay agua, ¿para qué queremos ley?, lo que significaría un departamento concentrado únicamente en analizar dónde están los mantos subterráneos, cómo es la infiltración, la zona recolectora de aguas lluvia, garantizar que el ciclo hidrológico funcione, que el ecosistema funcione”, destacó Navarro.
Otro departamento sería de justicia, “(para) que todas las personas tengan agua podríamos hablar de dar tarifas diferenciadas para garantizarla”. Y un tercero enfocado en proteger el bien hídrico de la contaminación. “El río Acelhuate se ha convertido en la cloaca más grande que hay en el territorio salvadoreño, hay que protegerlo”, razonó Navarro.
En el mismo sentido, Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), afirmó que la ley (de Recursos Hídricos) da a promover la injusticia hídrica. Desde el momento que se hicieron las consultas por parte de la comisión ad hoc de la Asamblea hubo un error de que se escuchaba, pero no se retomó casi nada lo que planteó la academia, el movimiento social, ambiental, de mujeres indígenas, entre otros.
“Lo que vamos viendo en la ley es que está elaborada de tal manera que los problemas que tenemos con el agua, las apropiaciones de manera ilegal, que se utiliza el agua para el riego de la caña de azúcar, usurpación de aguas en manglares, etc., esto se seguirá promoviendo y aunque la ley habla del derecho humano al agua y plantea que se va a garantizar el acceso en calidad y cantidad esto no se operativiza en la ley”, enfatizó. Por el contrario, “lo que plantea son autorizaciones de 15 años renovables de grandes cantidades de agua, hablamos de 365 mil litros de agua, cuando una familia aquí en el país a lo mucho tiene 4 o 5 metros cúbicos mensuales (4 mil o 5 mil litros)”, destacó Luis González.
