Un total de siete palabreros de pandillas fueron capturados por las autoridades el pasado martes 5 de abril, según informó hoy la Policía Nacional Civil.
Estas capturas representan un importante golpe a las estructuras criminales que operan en el país, señaló el director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas.
En el departamento de Santa Ana, la PNC confirmó la detención de un palabrero identificado como Diego Alejandro Herrera, quien ordenaba delitos en la zona occidental y está implicado también en el tráfico de drogas. Al momento de la captura se le incautaron porciones de cocaína.
Capturan pandilleros en La Unión
En otro orden, un grupo de tres sujetos miembros de grupos de pandillas fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) en un sector del departamento de La Unión, luego que intentaran huir al notar la presencia policial en el territorio.
Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel Ganuza, Carlos Misael Rubio y Sixto Aparicio Contreras. Estos sujetos quisieron huir a bordo de su vehículo, pero los agentes policiales les dieron alcance y los pusieron bajo arresto.
Al momento de la detención se les decomisó el vehículo y varios teléfonos celulares. La Policía confirmó que pondrá a los detenidos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR) para su respectivo proceso.
Detienen a dos pandilleros en Soyapango
Por otra parte, las acciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC) siguen dejando resultados positivos. Este miércoles por la mañana, la PNC confirmó la captura de dos pandilleros que transportaban 90 porciones de droga en el municipio de Soyapango, en San Salvador.
Los detenidos fueron identificados como Jaime Eduardo Najarro y Cindy Raquel Rivera, quienes movilizaban droga para el consumo de grupos terroristas, según afirmó la institución policial. Al momento de la detención se incautaron también dos teléfonos celulares.
La Policía señaló que ambos pandilleros serán acusados de los delitos de tráfico ilegal de drogas y agrupaciones ilícitas. Por este último delito podrían enfrentar una condena de hasta 30 años de cárcel, según las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa.
