El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa fue entrevistado por la cadena oficial estadounidense, la Voz de América (VOA), donde se le preguntó si los medios y periodistas que incumplan la ley recién reformada, «están cayendo en la figura delictiva».
Ulloa contestó señalando que las reformas al Código Penal y a la Ley Proscripción de Pandillas que castiga con cárcel a quienes reproduzcan mensajes o grafittis de pandillas y maras, a través de medios de comunicación o redes sociales, incluidos periodistas.
Ulloa negó que la norma signifique una censura para periodistas y medios en El Salvador y reiteró que esto “no es censura, es combatir actos delictivos que se reproducen por medios no solo de prensa”.
Félix Ulloa dijo que los periodistas y medios sí serían objetos de la aplicación de la ley si en torno a su cobertura, se difunden mensajes originados o “presuntamente originados” por los grupos criminales que “pudieran generar zozobra y pánico en la población”, como lo indican la ley de proscripción de pandillas.
“Es en cualquier medio, por supuesto, si el titular de un periódico pone una nota que la tomó de una ‘wila’ (manuscrito de correo de las pandillas) y de la ‘wila’ se estaba dando un mensaje subliminal, por supuesto, se le va a aplicar la ley, pero los periódicos, los medios de televisión, de prensa, de radio, de cualquier otro tipo que no violen la ley no tienen por qué temerla”, aclaró Ulloa.
Ulloa dijo que “si un medio, no importa si es televisión o es un tipo pintando graffiti, haciéndole propaganda o está transmitiendo un mensaje, está cayendo en la figura delictiva. El medio que no lo haga no tiene porque temer”.
El vicemandatario luego acusó que “algunos medios” salvadoreños “han hecho una industria de trabajar con las pandillas”, y sin mencionar el nombre dijo “hay un medio aquí que es muy hostil al Gobierno” y que se trata de un medio digital.
“Pero quién dice que un periodista está sometido a esa amenaza, a dónde está eso”, señaló Félix Ulloa. Las reformas han despertado la preocupación de las organizaciones de prensa y de derechos humanos nacionales einternacionales que la califican la reforma como una manera de “criminalizar” el periodismo.
