Representantes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la fundación Cristosal presentaron este martes (19.04.2022) una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de las reformas que criminalizan la cobertura de la prensa sobre las pandillas en El Salvador.
La jefa anticorrupción de Cristosal y autora de la demanda, Ruth López, aseguró que en este documento se pide declarar inconstitucional la reforma al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas y Maras, aprobadas el pasado 6 de abril por la Asamblea Legislativa, debido a que estas «violentan el derecho a la libertad de información» de la población.
López aseguró que las organizaciones no buscan proteger a grupos delincuenciales ni que operan al margen de la ley, «si no el derecho de todo ciudadano, de toda ciudadana, a conocer».
Además, agregó que aunque la Sala de lo Constitucional nombrada el 1 de mayo por el oficialismo es «ilegítima», presentan esta demanda para agotar las instancias nacionales, y para poner a prueba la institucionalidad en El Salvador.
César Fagoaga, presidente de la APES, aseguró por su parte que lo que más les preocupa es cómo se está vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, y «su derecho a conocer la realidad».
La libertad de información, dijo, se violenta tanto para la prensa como para los ciudadanos, pues las reformas crearon el delito de «reproducción o transmisión de mensajes o comunicados» que se presume hayan sido elaborados por pandillas.
