La Fiscalía General informó sobre 15 órdenes de captura en contra de exempleados de Casa Presidencial y del Estado Mayor Presidencial, en la administración de Salvador Sánchez Cerén, por el desvío de $183,860,715.02 de la cuenta de gastos reservados.
El Fiscal los acusa de peculado (adueñarse de bienes del Estado) y de lavado de dinero y activos, triangulando dinero público.
“Tenemos que a la Presidencia le fueron asignados más de $183 millones los cuales de la cuenta institucional fueron desviados a seis cuentas de personas particulares y de estas cuentas fueron desviadas hacia otra de las cuales los imputados dispusieron libremente de esos fondos y de esa forma lograron evadir todos los controles”, indicó la fiscal del caso.
La Institución dio a conocer algunos de los imputados como Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, acusado de lavado de dinero y activos, a quien se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito como tal.
También a Jorge Antonio Revelo, Jefe del Estado Mayor Presidencial y Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de la Presidencia, período noviembre de 2016- mayo de 2019, ambos acusados de peculado y lavado de dinero.
Los tres acusados fueron capturados por las autoridades esta madrugada.
Según los datos preliminares que reveló la Fiscalía, de este monto $152 millones fueron retirados en efectivo y otros fondos fueron pagados a proveedores que no tenían relación comercial con Capres.
Auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR) han confirmado que el Gobierno de Sánchez Cerén erogó $183 millones en gastos reservados o secretos entre el 1 de junio de 2014 a mayo de 2019, misma cifra que la Fiscalía imputa como desviada a cuentas de terceros.
Los fiscales del caso explicaron que los $183 millones fueron desviados a través de cheques desde la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, única cuenta habilitada para recibir el dinero del presupuesto del Estado desde el Ministerio de Hacienda. Luego fueron enviadas a seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería de Hacienda.
En febrero de 2020, la CCR señaló que había cinco hallazgos en las auditorías de los gastos reservados en la presidencia 2014-2019, periodo de Sánchez Cerén; sin embargo, recientemente, el 26 de julio de 2022 se conoció que la Cámara de la CCR absolvió al exmandatario, al exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Edgar Lizama, y tres ejecutivos de su administración de los reparos.
El modus operandi descrito por la Fiscalía, a través de su cuenta de red social Twitter, es el mismo que ha presentado en miles de folios a sedes judiciales en los casos mediáticamente conocidos como “Destape a la Corrupción” y “Saqueo Público”, donde los principales acusados fueron los expresidentes Elías Antonio Saca González y Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Saca confesó el desvío de más de $300 millones y paga una condena de 10 años de cárcel en el penal La Esperanza, por los delitos de peculado y lavado de dinero. Mientras Funes tiene una acusación pendiente por el desvío de $351 millones, en fase de instrucción.
El caso no prospera debido a que en 2016 pidió asilo político en Nicaragua, donde ahora es ciudadano y vive protegido por el régimen de Daniel Ortega.
Donaciones de Taiwán
Según las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la República, en Twitter, los 15 señalados también habrían desviado fondos de las donaciones de la República de China Taiwán, por $3,968,547.19, que eran enviados a cuentas donde luego se emitieron cheques por el pago de presuntos proveedores.
El 20 de agosto de 2018, en una cadena nacional el entonces mandatario, Salvador Sánchez Cerén, anunció que El Salvador rompía relaciones con la Taiwán y establecía relaciones diplomáticas con China Popular.
Las autoridades no han revelado quiénes son los 15 señalados ni cuántos de ellos han sido detenidos.
Enriquecimiento ilícito
Contra Sánchez Cerén, la actual administración fiscal también abrió el caso “Sobresueldos”, donde el mismo mandatario está acusado penalmente de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito de $530,000 mientras fungió como vicepresidente, en la administración Funes. En ese caso también están señalados las entonces funcionarias Violeta Menjívar, Erlinda Handal Vega, Hugo Flores, Calixto Mejía, Lina Pohl, Manuel Melgar, Gerson Martínez y Guillermo López Suárez.
