ARENA y Vamos estuvieron en contra de una iniciativa del gobierno central para emitir títulos valores por un monto de hasta $1,500 millones con el objetivo de sanear las finanzas del país, honrando sus deudas, parte de ellas heredaron los gobiernos anteriores.
Marcela Villatoro, Francisco Lira, diputados de ARENA, y Claudia Ortiz, de Vamos, se manifestaron en contra de la iniciativa, que fue aprobada con 57 votos durante la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.
Los tres diputados aseguraron que la vía para mejorar la deuda pública no es a través de la emisión de títulos valores, y argumentaron que hay una situación “insostenible” de la deuda en el país, y que “ningún inversionista u organismo está dispuesto a poner dinero en El Salvador”.
Diputados de ARENA.
Giovanny Zaldaña, diputado de Nuevas, consideró que “la manera de hacer política de la oposición es tratando de engañar al pueblo”, y desmintió las aseveraciones de Ortiz.
“Algunos incluso podrían pensar que están confundidos, pero no, ellos [la oposición) lo hacen con toda la intención de hacer ver mal gobierno…, ni un solo centavo puede ser usado por el Gobierno Central si no pasa por la aprobación de esta Asamblea Legislativa, y si no ha sido aprobado previamente en el Presupuesto General de la Nación”, afirmó Zaldaña.
En julio de 2022 el Gobierno del presidente Nayib Bukele anunció, por primera vez en la historia del país, una recompra de deuda, o compra anticipada, para los bonos 2023 y 2025, que sumaban $1,600 millones. Los tenedores vendieron $364 millones en la primera operación y en la segunda recompra $81 millones.
En 2023 el Estado solo tuvo que pagar $604 millones, generando un ahorro de $347.9 millones de los títulos de 2025.
Las recompras tuvieron tanto éxito que incluso firmas calificadoras de riesgo elevaron las notas del país, entre estas Fitch Ratings, pasando de CCC a CCC+, y ayer Moody’s la subió en dos posiciones, de Caa3 hasta Caa1, argumentando una reducción del riesgo luego de la recompra de bonos realizada hace unos días por el gobierno salvadoreño.
