El contrato de seguridad privada del Tribunal Supremo Electoral venció en agosto y, sin un magistrado presidente para ejercer la representación legal, el TSE recurrió a la Policía Nacional Civil (PNC) para custodiar las instalaciones.
El contrato de seguridad privada suscrito por el TSE para resguardar sus instalaciones y las de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) venció el pasado miércoles 31 agosto.
El Tribunal no pudo prorrogar el contrato ni suscribir uno nuevo porque aún no ha sido juramentado el nuevo magistrado presidente, que según el Código Electoral es quien ejerce la representación legal del TSE.
La Dirección Ejecutiva del TSE junto a las jefaturas decidieron recurrir a la PNC para resguardar las instalaciones de ambas entidades electorales, mientras los nuevos magistrados no sean juramentados.
«La dirección administrativa del Tribunal gestionó con la Policía Nacional Civil la vigilancia y resguardo de las instalaciones mientras nombran a las y los integrantes del TSE».
Los agentes policiales se presentaron desde esta semana a ambas sedes electorales. La JVE tiene asignados dos oficiales.
Los nuevos magistrados debieron ser nombrados por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria del 31 de julio, pero Nuevas Ideas pidió que el dictamen de la Comisión Política para elegir a los jueces electorales fuera regresado a comisión para seguir su estudio. El director administrativo del TSE asumió la conducción de la entidad pese a que el Código Electoral no contempla la acefalía.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la elección se ha frenado por una «discusión interna» en Nuevas Ideas e indicó que están analizando «detalles».
