La defensa de los tres exempleados de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial procesados en el caso Funes, abogó en la audiencia preliminar que realiza el Juzgado Octavo de Instrucción.
La defensa dijo que sus clientes solo cumplieron órdenes superiores en el manejo de los $351 millones durante el gobierno de Mauricio Funes entre 2009 y 2014.
El abogado Roberto Claros, en sus alegatos se centró en la separación de funciones que tiene un empleado público y las atribuciones que tiene un funcionario público.
Claros dijo que Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera Castellano y Pablo Gómez solo recibían órdenes de Mauricio Funes, como parte de la Unidad Financiera Institucional, quienes son procesados por lavado de dinero.
El abogado afirmó que sus defendidos no podían alterar el sistema, ni incorporar información que no estuviera dentro de la programación de ejecución presupuestaria “por tanto ellos, solo operativizaron el sistema y salieron esos fondos que eran autorizados por el Ministerio de Hacienda.
Y que a su vez estaban autorizados por el Banco Central de Reserva para su traslado a la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público. Y era así como Pablo Gómez, contador institucional, extendía cheques para que fueran cambiados por el Secretario Privado y el Presidente.
