AFP
La fiscalía de Guatemala pidió quitarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, al acusarlo de autorizar pagos “ilegales” a constructoras, en un nuevo capítulo de la larga disputa que tiene con el mandatario.
“Se presentó” a la Corte Suprema la solicitud de “retiro de antejuicio en contra del señor presidente” para ser investigado por abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y acciones violatorias de la Constitución, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en conferencia de prensa.
El antejuicio es el derecho de los funcionarios a no ser investigados hasta que un juez avale el inicio de las pesquisas. En el caso del presidente, la ley establece que, si la Corte da luz verde al proceso, lo debe remitir al Congreso, que toma la decisión sobre la inmunidad.
El fiscal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupto” y “antidemocrático”, acusó al mandatario socialdemócrata de haberle ordenado a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega los pagos de contratos a empresas supuestamente involucradas en hechos de corrupción. “Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción pena”, reaccionó el gobierno guatemalteco en un mensaje enviado a los medios. Si se abre una investigación penal contra el presidente, la fiscalía puede pedir una orden de prisión preventiva contra él y, si la justicia accede, le costaría el cargo.
“No sorprende” la petición, dijo a la AFP Manfredo Marroquín, de la filial local de la ONG Transparencia Internacional, al considerar que “ha sido la política del Ministerio Público de perseguir al nuevo gobierno”. “Tampoco sorprende la agilidad” con la que actúa contra Arévalo “mientras aplica anestesia” a las denuncias de corrupción en el gobierno pasado del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), aliado de la fiscal general, Consuelo Porras.
El caso contra Arévalo se deriva de una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, también sancionado por Washington por “corrupto”. “El señor presidente […] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, afirmó Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de casos de alto impacto.
