Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobada ayer por la Asamblea Legislativa son una continuidad al Régimen de Excepción de acuerdo a diputados de la oposición.

El diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, dice que es el «siguiente capítulo al régimen de excepción del cual no sabemos cuándo terminará». Aunque algunas reformas pueden ser herramientas para combatir el crimen organizado, le preocupa que no hay forma de verificar de que no se cometan abusos.

“Tanto el operador se vuelve juez en esta instancia, se le da un poder que no tenía y que no tiene facultado por Constitución la Fiscalía”, añadió Wright.

Se ve una clara transición, que ya no es un sistema garantista, sino un sistema inquisitivo en donde la balanza está más cargada del lado del Estado que de la persona que sea llevada ante la justicia”. –John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que el país no cuenta con una ley de protección de datos y se puede “atentar” contra los derechos de la población para poner límites en la aplicación de las reformas.

Se crea una incongruencia, incoherencia, por un lado se está diciendo que es para un fin, pero también se está abriendo o dejando la posibilidad de que se den abusos en contra de la intimidad de la población”. –Anabel Belloso, diputada del FMLN.

El diputado Numan Salgado, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), interpretó las críticas como una forma de defensa: “Y vienen de los grupos que se ven afectados, los grupos delincuenciales”, expresó.

La reforma a la Ley de Intervenciones implicaría que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realice auditorías cuando haya denuncias y no de oficio. Salgado consideró que su función “no es vinculante”. “Si la procuradora tiene el aval de presidente para poder estar en las instituciones y solicitar la información que ella requiere, pues obviamente eso habla muy bien de la transparencia de lo que se va a hacer”, expresó.

Mientras, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, cree que es preocupante el incremento de facultades a la Fiscalía General de la República en el tema de las intervenciones telefónicas.

“Son reformas delicadas porque implica el derecho de la privacidad de la ciudadanía, implica el derecho a no ser intervenidos de forma arbitraria en nuestras comunicaciones. Tenemos antecedentes y hay serios indicios de que la actual administración podría estar detrás de espionajes a periodistas no a delincuentes”, dijo.