El IX Estudio elaborado por el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), reveló que el presidente Nayib Bukele obtuvo una calificación promedio de 7.73 sobre 10 al inicio de 2025.

Los encuestados fueron cuestionados sobre su nivel de confianza en el gobierno frente a la decisión del presidente Nayib Bukele de explotar la minería en El Salvador.

El 63% de los encuestados considera que El Salvador no tiene o tiene muy pocas condiciones para llevar a cabo la minería metálica.

De ese total, el 48.33% afirma que no existen condiciones, mientras que un 14.45% cree que estas son insuficientes. Por otro lado, el 23.51% sostiene que sí hay condiciones, mientras que un 13.71% optó por no responder o declaró no saber.

En cuanto al impacto ambiental, el estudio detalla que un 55% de los salvadoreños no cree que sea posible realizar minería sin contaminar el agua o el medio ambiente.

Solo el 22% considera que es viable, mientras que el resto tiene dudas. Picardo destacó que esta percepción negativa predomina en todos los grupos educativos y etarios: “Las personas con formación académica más alta, como bachillerato o universidad, tienden a ser más críticas. Los de niveles educativos más bajos o sin formación son los que tienen más dudas sobre el impacto ambiental”.

Las personas de 40 años en adelante son las que más apoyan la minería metálica, mientras que los jóvenes entre 18 y 39 años muestran mayor escepticismo o rechazo hacia esta medida.

En términos educativos, quienes poseen formación universitaria son los más críticos, mientras que aquellos con estudios de primaria o tercer ciclo son más propensos a creer que existen condiciones para implementar la minería.

El debate sobre la minería metálica se intensificó después de que (que El Salvador podría tener “los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”.

En redes sociales, el mandatario aseguró que la minería moderna y sostenible podría generar miles de empleos, financiar infraestructura y estimular el desarrollo económico del país. Sin embargo, estas declaraciones fueron recibidas con escepticismo, especialmente por sectores ambientales que recuerdan los estudios que llevaron a la prohibición de la minería en 2017.

Esto marcó un giro en las políticas públicas ambientales de El Salvador, generando críticas por la falta de consulta ciudadana y el potencial riesgo para los recursos hídricos del territorio nacional.