El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, aseguró esta mañana en la entrevista Frente a Frente de TCS, que la sentencia 1-2021 de la Sala de lo Constitucional que habilita al presidente de la República, Nayib Bukele, a buscar la reelección presidencial para el período 2024-2029, debe cumplirse.
Esta afirmación la brindo ante las posturas de partidos de oposición que insisten en señalar que si Bukele busca la reelección se está violando la Constitución de la Republica, y reiteró una vez más, que la sentencias de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento aunque hayan partidos, abogados, políticos o población que esté en contra de esta resolución.
“Hay que esperar que el ciudadano presidente presente la solicitud de su candidatura. Por mi parte puedo decir que yo soy un voto de cinco. Soy un fiel convencido que me guste o no me guste tengo que dar cumplimiento a lo establecido en la Sala de lo Constitucional”, dijo.
Además, dijo que acompañará con su voto la inscripción de la candidatura presidencial del mandatario Nayib Bukele cuando se presente entre el 7 al 22 de septiembre, plazo que ha establecido el TSE en el calendario electoral para que los partidos políticos inscriban a sus aspirantes.
“Se necesita cuatro de los cinco votos de los magistrados del TSE. Cuando a uno se le juramenta como magistrado uno jura dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional”, añadió el funcionario electoral.
Reiteró que los magistrados del TSE están en la obligación de cumplir las resoluciones de los tribunales superiores, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, o de lo contrario podrían caer en el delito de desacato que está establecido en el Código Penal.
“Estoy en la obligación de dar cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional. La sentencia le ordena al TSE y dentro de mi propia óptica creo que estamos en la obligación de dar cumplimiento a la sentencia”, dijo Orellana.
TSE pide verificación fiscal en contratación de Indra para voto en el exterior
En otro orden, el magistrado Noel Orellana, dijo que el TSE pidió a la Fiscalía General de la República que asigne fiscales para verificar el proceso de contratación de la empresa española Indra para el diseño, desarrollo y ejecución del voto electrónico para salvadoreños en el exterior.
«Nosotros como Tribunal Supremo Electoral le enviamos una carta al señor fiscal de la República para que nos designe, no solo en la contratación de esta empresa (Indra) sino en todas las compras, fiscales de la Unidad Defensora de Intereses de la Sociedad para que verifique la transparencia», dijo el funcionario electoral.
Orellana reiteró que la petición no solo incluye la contratación de Indra, sino «de toda la ejecución» del financiamiento del voto en el exterior o voto electrónico.
El juez electoral realizó esta aseveración luego de explicar el proceso para la contratación de Indra para el voto en el exterior elegida después de que el pleno del TSE recibiera un informe del Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) conformado por técnicos de la institución.
En la evaluación, el Panel del TSE se dividió entre un grupo que alegaba que Indra modificó su oferta inicial, una acción prohibida por la Ley de Compras, y el otro grupo que no veía tal modificación.
La duda surgió porque Indra alegó que no era necesario traer a El Salvador las máquinas de voto electrónico presencial para auditorías previa y posterior pero, luego de una consulta del Panel, la empresa respondió que sí cumpliría con traer las máquinas.
Luego, dos empresas del consorcio mejor evaluado remitieron al TSE una nota donde desistía de mantenerse en el proceso de contratación alegando ya no había tiempo para cumplir con las entregas pero «sobre todo» que buscaban «evitar finalmente cualquier tipo de posición de peligro al Estado de Derecho, en un proceso de tanta sensibilidad como es el tema de las elecciones en el exterior”.
El consorcio Evoting ofertó por $39 millones e Indra por $41.1 millones. Para la contratación de Indra votaron a favor la presidenta Dora de Barahona y los magistrados Noel Orellana, Guillermo Wellman y Rubén Meléndez.
