Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informaron que hasta el pasado 11 de junio habían capturado a 40,016 personas desde el 27 de marzo, que inició el Régimen de Excepción, luego del repunte de homicidios ocurrido a finales de ese mes.
«Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Hemos superado 40,000 arrestos de terroristas. Este es un momento único en la historia de El Salvador. «, publicaron en la página oficial del Ministerio de Seguridad luego de anunciar que el sábado 11 de junio capturaron a 119 marersos y personas vinculadas con estos grupos delictivos.
Tras conocerse la cifra, expertos en temas de seguridad y derechos humanos reiteraron que el sistema penitenciario «está en crisis» y que las condiciones de hacinamiento han empeorado.
Húber Romero, investigador social de Azul Originario (AZO), aseguró que las condiciones de sobrepoblación al interior de centros penales habían disminuido en los últimos años, pero que desde marzo de este año la situación de hacinamiento «ha llegado al límite».
«Estamos hablando de 80,000 personas que están en centros penitenciarios de todo el país y que precisamente esta cifra se duplicó solo en dos meses y medio», dijo.
Señaló que probablemente en Centros Penales no estén preparados para recibir a toda esta cantidad de personas, «creeríamos que el hecho de que estén muriendo bastantes personas privadas de libertad, 43 hasta el día de ahora, es un indicador de que las condiciones al interior son poco favorables para que las personas puedan mantenerse con vida».
«El hecho de que haya más personas al interior de las celdas por consecuencia va a ser de que haya un menor control de toda esa cantidad de personas, será más difícil establecer mecanismos para que pueda mantenerse la vida de las personas», mencionó Romero.
Explicó también que el número de capturados «es preocupante» porque agudiza las condiciones en centros penitenciarios y responde a una lógica de propaganda ante la opinión pública.
Mientras, David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, consideró que esta estrategia de seguridad implementada por el Gobierno no será sostenible por mucho tiempo.
También, Verónica Reyna, investigadora del Servicio Social Pasionista (SSPAS), considera que aparentemente no existe otra alternativa para combatir a la criminalidad más que encarcelar a miles de personas vinculadas con grupos delincuenciales.
«El Gobierno actual no está presentando otras alternativas de combate a la criminalidad, al menos por el momento a nivel discursivo, que vayan más allá de la detención masiva y esto obviamente también va a tener repercusiones en los posibles programas de rehabilitación e inserción que se van a implementar», cuestionó la especialista.
Desde que la Asamblea Legislativa aprobó una segunda prórroga al Régimen de Excepción, las capturas diarias han disminuido. Entre marzo y mayo en promedio las autoridades capturaban al día entre 550 a 650 personas, incluso hubo días que reportaron hasta 1,000 detenidos. Sin embargo, esa cifra ha disminuido.
«La cifra (de capturados) ha ido disminuyendo, esto responde a muchas cosas; primero a que poco a poco las instituciones tienen más dificultades para lograr capturar a esta población porque al final de cuentas ya capturaron a toda la gente que podían capturar», dijo Romero.
