Este viernes se conoció lo que el expresidente Salvador Sánchez Cerén, señala sobre las acusaciones que ayer hizo la Fiscalía General en su contra señalando que se han incautado varias propiedades, dinero y vehículos que adquirió con fondos del Estado cuando fue Presidente de la República, siguiendo los pasos de Mauricio Funes, ambos se encuentran huyendo en Nicaragua amparados por Daniel Ortega.
Los datos preliminares que reveló la Fiscalía dicen que de este monto $152 millones fueron retirados en efectivo y otros fondos fueron pagados a proveedores que no tenían relación comercial con Capres.
Sin embargo, Sánchez Cerén dijo: «No poseo bienes muebles, inmuebles, ni vehículos de mi propiedad. Lo único que la Fiscalía me ha congelado es la cuenta bancaria donde el INPEP me depositaba la pensión, por lo que estoy imposibilitado de acceder a la misma, privándome de los medios de mi manutención», publicó a través de un comunicado.
En el escrito, Cerén solicita a los fiscales le presenten las pruebas a la población y que «cesen los actos de difamación en su contra».
«Si de algo puedo enorgullecerme es de carecer de riquezas materiales, constatado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por ello exijo las aclaraciones y cese la persecución política en mi contra», apunta el escrito de Cerén.
Ayer la Fiscalía dio a conocer que incautó dos viviendas, tres vehículos y dos cuentas bancarias valoradas en $1, 275,107.41 al expresidente de la República y su familia en un nuevo proceso, esta vez, de extinción de dominio.
Las dos viviendas, la 39-A y la 39 -2, están ubicadas en la colonia Utila, en Santa Tecla, La Libertad, y eran propiedad del exmandatario y de su yerno, William Oswaldo Vaquero León, ambos nacionalizados nicaragüenses junto a sus núcleos familiares.
El procedimiento ocurrió la mañana de ayer jueves y tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional Civil y personal del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).
Este nuevo proceso nace de la imputación penal contra Sánchez Cerén por lavado de dinero y peculado, dónde también fueron acusados otros 17 exempleados de Casa Presidencial.
En agosto de 2022, la Fiscalía acusó a Sánchez y a 17 exempleados de su Gobierno de lavar $183 millones la cuenta de Gastos Reservados de Casa Presidencial a seis cuentas particulares.
