Nueve de 15 magistrados de Corte Suprema de Justicia votaron a favor del juicio contra la exdiputada y dirigente del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito por un monto de $200,885.01.
Ahora la Cámara Primera de lo Civil, de la Primera Sección del Centro tendrá que tramitar el expediente y desarrollar el juicio contra la dirigente de izquierda en el Órgano Judicial.
“Resolución que declara indicios de enriquecimiento ilícito de la señora Lorena Guadalupe Peña Mendoza, en su calidad de diputada propietaria de la Asamblea Legislativa, en los periodos del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril de2018, ordénase juicio y remítase a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, San Salvador”, dice el acta de Corte Plena, con fecha 26 de enero de 2023.
La sección de Probidad detectó 26 irregularidades en las declaraciones patrimoniales de Peña Mendoza, que sumaban un monto de $762,455.21, ante esto Lorena Peña presentó pruebas de descargo que rebajaron la suma y demostraron el origen de $484,972.67.
“Refiere que tomando en cuenta la documentación de descargo se tiene para el primer período un monto observado de $264,143.19; y para el segundo período $13,339.35 sumando un monto total observado de $277,482.54; en concepto de disponibilidad se tuvo $76,597.53, con lo que resta un monto no justificado de $200,885.01”, revela el acta de la CSJ.
Tras determinar el monto final del posible enriquecimiento ilícito, la CSJ no dejó estipulado cuáles y cuántas serían las inconsistencias finales en el expediente contra Lorena Peña.
En la sesión de la Corte Plena del 26 de enero del 2023, previo a tomar la decisión del caso de Probidad contra Lorena Peña, el magistrado presidente Óscar Alberto López Jerez, sometió a votación que el caso contra Lorena Peña fuera retirado por ser un expediente voluminoso y debía ser estudiado, sin embargo, no logró mayoría.
Lorena Peña también es cuestionada por la comisión especial que investiga el destino final de los fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentale, como la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), fundada por ella y de la cual fue presidenta, a quien otorgó $518,890 de fondos públicos, entre 2011 y 2019, mientras ella era presidenta de la comisión de Hacienda.
El acta también indica que los magistrados tienen en su poder el expediente de probidad del exdiputado y dirigente del FMLN, Medardo González, sin embargo, fue retirado de la agenda sin conocerlo ni votarlo.
Esta acta no detallaba el monto que la Corte cuestiona contra González.
La actual Corte Plena mantiene en completa reserva el listado de cuáles expedientes por enriquecimiento ilícito analiza y también de quienes son los funcionarios y exfuncionarios que no han presentado su declaración de patrimonio, como lo exige la la “Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos”.
En agosto de 2015 en El Salvador la CSJ liberó las declaraciones públicas de los funcionarios, luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública resolviera que, su versión pública, debía ser de conocimiento de los ciudadanos; posteriormente, la Corte las reservó y únicamente entregaba la información estadística.
