En El Salvador, la frontera entre el periodismo y la comunicación institucional se ha desdibujado tanto que a veces cuesta distinguir quién informa y quién vende una imagen. Y no es un accidente: conviene que así sea. Porque mientras el periodismo existe para señalar lo que no funciona, la comunicación institucional está pensada para proteger, pulir y proyectar una versión impecable de quien la paga.
El periodista que se toma en serio su oficio trabaja con una brújula incómoda: hacer preguntas que nadie quiere responder, perseguir datos que estropean el relato oficial y contrastar versiones aunque afuera arrecie la hostilidad. Su deber no es con el Ministerio de turno ni con el manual de marca de una alcaldía, sino con la gente que merece entender qué pasa con el dinero público, con la salud, con la seguridad. Su materia prima es la realidad, aunque venga envuelta en contradicciones.
La comunicación institucional, en cambio, es otra cosa. Y no es ilegítima de por sí: toda organización necesita explicarse, tender puentes, contar lo que hace. Pero su objetivo no es descubrir verdades incómodas, sino mantener una narrativa coherente y favorable. El comunicador institucional no es un periodista camuflado, aunque convoque ruedas de prensa y reparta notas informativas. Es un estratega que administra mensajes y construye percepciones. Su éxito no se mide en revelaciones, sino en cobertura positiva, en ausencia de crisis, en que la frase clave del día se repita sin demasiadas preguntas de por medio.
El problema real en El Salvador aparece cuando esa comunicación se disfraza de periodismo y nadie avisa. Espacios de entrevista que son vitrinas, medios digitales estatales que maquillan propaganda de noticia, creadores de contenido que repiten al pie de la letra el argumentario del día. Eso no es informar: es hacer eco. Y cuando esa lógica se impone, el reportaje que costó semanas de investigación y se publicó con miedo a represalias compite en desventaja con la mentira repetida mil veces, financiada y cómoda.
La diferencia también es de recursos. El periodismo independiente salvadoreño sobrevive con presupuestos raquíticos y una precariedad que lo convierte en acto de resistencia. La comunicación gubernamental maneja fondos millonarios, equipos numerosos y acceso directo a la información que al periodista se le niega o se le raciona. Mientras el periodista espera semanas por una respuesta oficial, el comunicador institucional tiene al vocero a un mensaje de distancia y el micrófono siempre listo.
Pero la diferencia de fondo es casi de actitud vital. El periodista se levanta pensando qué historia debe contar para que el poder rinda cuentas. El comunicador institucional se levanta pensando cómo evitar que esa historia se cuente, o al menos cómo contarla sin que el jefe salga magullado. Uno busca la transparencia; el otro administra la opacidad.
En un país donde la propaganda estatal, la autocensura y el acoso en redes aprietan cada día más, distinguir entre ambas prácticas no es un ejercicio académico: es una forma de proteger lo poco que queda del debate público. No se trata de satanizar la comunicación institucional —que tiene su espacio y su razón de ser—, sino de exigir que no se vista de periodista para engañar mejor. Porque un país donde todos aplauden deja de hacerse preguntas. Y una sociedad sin preguntas ya ha renunciado, sin darse cuenta, a gobernarse a sí misma.
Que cada quien elija su trinchera, pero que no mienta sobre el uniforme que lleva puesto.
