A menos de un mes de la fecha límite, más de 170.000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos se encaminan a perder de golpe su permiso de trabajo y su blindaje frente a la deportación. El próximo 9 de septiembre, si no media una prórroga de última hora, el programa que los ha cobijado desde 2001 llegará a su fin, sumiendo a toda una comunidad en una mezcla de incertidumbre y miedo que, según testimonios recogidos por EFE, ha transformado la protesta en un silencio deliberado.
“La migra está viendo quién protesta, así que es momento de quedarse callados”, confiesa un beneficiario que prefirió resguardar su identidad. La frase condensa el estado de ánimo de miles de “tepesianos” que, después de años de activismo visible, hoy optan por volverse invisibles mientras la maquinaria migratoria aprieta.
Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), describe un clima de pánico creciente. “La gente está atemorizada”, declara a EFE, y detalla que el teléfono de la organización no ha dejado de sonar con consultas de salvadoreños que ven esfumarse su estabilidad. Para Tejada, el silencio no puede ser la única respuesta; sostiene que solo una movilización coordinada, con los propios inmigrantes al frente, logrará salvar el amparo.
El horizonte legal es desolador. El abogado de inmigración Fernando Romo advierte a EFE que “no es probable” una extensión del TPS. Su pronóstico se apoya en la ofensiva que el presidente Donald Trump ha librado contra este programa tanto en su primer mandato como en el actual. En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó cancelar la protección para El Salvador y concedió 18 meses a los cerca de 180.000 beneficiarios de entonces para regularizar su situación o salir del país. Una demanda por discriminación logró mantener vivo el TPS mediante un bloqueo judicial, pero el escenario cambió radicalmente al regresar Trump a la Casa Blanca: el Supremo avaló su potestad para revocar el estatus, y la administración ya ha eliminado la protección para Venezuela y Haití.
En el caso salvadoreño, la buena sintonía entre Washington y San Salvador alimenta la expectativa de que el Ejecutivo simplemente dejará que la cobertura expire. Los afectados —unos 170.000, según el National Immigration Forum— perderían de inmediato su capacidad de trabajar legalmente y su residencia autorizada, lo que los coloca en riesgo inminente de ser expulsados. Romo califica la situación como “muy complicada”.
Dentro de esa fragilidad, emergen voces que reclaman una salida legislativa. José Urias, empresario de la construcción y el sector inmobiliario en Malden (Massachusetts), emplea a más de 50 personas y se encuentra protegido por el TPS. Como rostro visible de la Alianza TPS, Urias insiste en que el Congreso debe actuar de una vez. “Los favorecidos por el TPS somos gente trabajadora, tenemos un récord limpio, el FBI nos chequea cada 18 meses y pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué nos quieren sacar del país?”, pregunta. Pese a generar empleo y tributar durante décadas, asegura que jamás se le ha ofrecido una vía hacia la ciudadanía: “Nunca nos han dado ese camino. Ya es hora de que el Congreso actúe”.
Tejada añade una pieza clave a la estrategia: la intervención del presidente de El Salvador, a quien reclama un gesto decidido en favor de los tepesianos, responsables de un flujo vital de remesas para la economía salvadoreña. A pocas semanas del 9 de septiembre, la cuenta regresiva avanza sin señales de que el reloj vaya a detenerse, mientras 170.000 historias quedan suspendidas entre la esperanza de una prórroga y la amenaza cierta de la deportación.
