El Gobierno de Donald Trump enfrenta una nueva batalla legal después de que el estado de Oregón y la ciudad de Portland presentaran una demanda federal para frenar el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio. La acción judicial, interpuesta el domingo, acusa a la Casa Blanca de utilizar el poder ejecutivo de manera inconstitucional. Según el recurso, las medidas de la administración republicana “lejos de promover la seguridad pública” podrían socavarla al “incitar la indignación pública”, por lo que las autoridades estatales buscan anular la orden de Trump de enviar tropas.
El anuncio presidencial se produjo el sábado, en medio de protestas frente a un centro de detención de ICE en Portland, donde manifestantes han rechazado decisiones recientes del mandatario, incluida la designación de Antifa como grupo terrorista. De materializarse el despliegue, Portland se sumaría a otras ciudades de mayoría demócrata como Los Ángeles, Washington DC y Memphis, donde ya se han desplegado efectivos militares en contextos de tensión social.
La medida desató un inmediato rechazo en la capital estatal, Salem. El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, advirtió en la red X que cientos de integrantes de la Guardia Nacional han sido convocados para cumplir funciones federales, detallando que el secretario de Defensa autorizó a 200 efectivos a operar durante 60 días. Rayfield cuestionó abiertamente la decisión del Pentágono, afirmando: “Las comunidades de Oregón son estables, y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal”.
