Un total de 2,041 agresiones contra defensoras de derechos humanos fueron perpetradas en El Salvador a través de plataformas digitales entre enero de 2020 y octubre de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras). La cifra equivale al 62 % del total de ataques documentados contra activistas en el país y revela una tendencia alarmante que la organización describe sin ambages: “La violencia en la esfera digital se ha naturalizado”.
El monitoreo detalla un patrón sistemático de amedrentamiento, deslegitimación del trabajo de las defensoras, difusión de narrativas falsas o engañosas basadas en género y sexualidad, acoso digital, amenazas contra su integridad y su entorno, violencia sexual en línea y vigilancia electrónica ilegal. El informe advierte que esta hostilidad persistente no solo erosiona la labor de derechos humanos, sino que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.
Entre los testimonios más crudos figura el de Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), quien se encuentra exiliada en México. La abogada presentó una demanda por difamación contra el youtuber afín al oficialismo Carlos Manuel Zetino Zepeda, causa que se tramita en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. Escobar denunció que el creador de contenido la ha señalado falsamente como “pareja de un líder pandillero”, lo que, afirma, la expuso a un peligro real frente a estructuras criminales con presencia en ambos países.
“Esta difamación es demasiado para mí. Este muchacho asegura que he sido la amante del máximo líder de una pandilla y que me organizaban las visitas íntimas. Es algo tan horrendo. Tenía pocos días de haber salido de El Salvador y de mi operación y aprovecharon para decir eso para minimizar mi salida”, relató Escobar a este medio.
La activista agregó que las imputaciones han puesto en riesgo a su familia y a ella misma, incluso en territorio mexicano, donde operan células vinculadas a las pandillas. En julio de 2024, Escobar ya había interpuesto otra denuncia por amenazas contra un usuario de redes sociales que la acusó de “haber sacado a una niña del país” y exigió su salida; tras conocerse la acción legal, el perfil borró las publicaciones y ofreció disculpas.
La impunidad como telón de fondo es denunciada por otras organizaciones. El 26 de marzo de 2026, el movimiento Alerta Carlos y el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya presentaron un aviso penal ante la Fiscalía General de la República contra el creador de contenido “Sel Ramírez”, también identificado con el oficialismo. Las agrupaciones señalaron que, durante una vigilia frente a Catedral Metropolitana, el sujeto hostigó e intimidó a las participantes. Sin embargo, la respuesta institucional sigue sin llegar.
“Hasta el cierre de esta nota no hemos recibido respuesta de Fiscalía, ni hemos sido entrevistadas para la investigación. Esto es parte de la impunidad que permite que muchos agresores utilicen las redes sociales para atacar a las defensoras de derechos humanos”, declaró Eneida Abarca, del Movimiento Alerta Carlos.
En otro precedente controvertido, el 30 de enero de 2026, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer revocó las medidas de protección que un juzgado especializado había otorgado a la diputada Marcela Villatoro (ARENA) frente a ataques en redes sociales proferidos por el exdiputado Romeo Auerbach (GANA). El tribunal consideró que no se logró demostrar la “urgencia” ni el “riesgo inmediato y actual” exigidos por los principios de proporcionalidad y necesidad. Organizaciones de derechos de las mujeres calificaron la decisión como un retroceso que legitima a los agresores digitales.
La IM-Defensoras subraya que la respuesta institucional y social sigue siendo insuficiente. Atribuye la persistencia del fenómeno a “la naturalización social de la violencia digital, la existencia de marcos legales débiles, la desconfianza en la denuncia ante las autoridades, los ineficientes canales de ayuda por parte de las plataformas de redes sociales y la dificultad para demostrar quiénes están detrás de los ataques”. El informe coloca así a El Salvador frente a un desafío urgente: desarticular un ecosistema de agresión que, lejos de ser virtual, produce daños profundamente reales.
