Tal como lo manifestó anoche el Presidente Nayib Bukele asociaciones ligadas al FMLN, como Cristosal, no se han pronunciado por el asesinato de tres agentes de la PNC en Santa Ana, pero si se han referido a la muerte de presuntos pandilleros capturadas bajo el Régimen de Excepción.
De acuerdo con Zaira Navas de Cristosal, entre las víctimas mortales están personas que fueron golpeadas al momento de la captura. “No recibieron la asistencia médica adecuada, y si la recibieron, que son servicios de emergencia, fueron privados de libertad sin un seguimiento adecuado. Esto agravó su situación de salud”, dijo ayer en un conversatorio sobre la estigmatización.
También, Navas aseguró que algunas de estas personas fallecieron debido a que fueron vapuleadas dentro de los penales, además de personas con enfermedades crónicas, capturados que habían sido operados recientemente y que necesitaban asistencia médica, pero no la recibieron.
El hacinamiento también ha provocado muertes de capturados, según informó Navas en un foro realizado ayer. “El hacinamiento, que es tan grave, ha provocado situaciones en personas asmáticas, diabéticas, con enfermedades renales o con enfermedades del corazón”, comentó.
Según Cristosal, la Fiscalía General de la República (FGR) no está investigando las muertes de los capturados y los abusos de poder que estos representan, y que este tipo de acciones son realizadas de forma intencional, para que estos datos no se conozcan.
La organización considera importante que se haga una debida investigación sobre estas muertes registradas. “Nosotros hemos documentado algunos de los casos. Sin embargo, hay una grave responsabilidad del Estado que no está investigando este tipo de muertes. Hay familias que son avisadas por funerarias, de que su familiar ha sido ejecutado o que murió bajo custodia del Estado”, expresó Navas.
De acuerdo con Zaira Navas, la responsabilidad directa de las muertes producidas por el régimen de excepción es de las autoridades. “Recordemos que la privación de libertad limita únicamente la libertad ambulatoria, no los otros derechos. El Estado asume la tutela de garantizar la vida, la integridad física, la salud, la alimentación”, añadió Navas.
