Agencias
En este entramado de audiencias, la primera en comparecer ante un juez este viernes, en forma virtual, fue la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, para quien la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva.
La audiencia se inició con dos horas de retraso, por lo que el juez Johnny Gómez Balboa tomó la decisión de suspenderla y reprogramarla para el domingo a las 16:00 hora local, argumentando que “éste es un caso complejo”.
El abogado defensor, José Dionicio Quesnay, se declaró “conforme” con la decisión, pero el fiscal Jorge García Juárez señaló: “Ya deberíamos tener una resolución sobre el pedido de prisión preventiva”.
De acuerdo a lo esgrimido por la fiscalía peruana, la cuñada de Castillo, se arriesga a una condena de 23 años de prisión.
A las afueras del tribunal, seguidores y adversarios de Castillo se concentraron para conocer la resolución del caso, sin embargo, a las horas de anunciada la reprogramación de la audiencia, se dispersaron del lugar donde estaban separados por un cordón policial.
Yenifer Paredes se encuentra en prisión preliminar en un cuartel policial en Lima desde el 10 de agosto, un día después de que el palacio de gobierno fuera allanado por fiscales y policías, con el fin de arrestarla.
En su momento, el presidente Castillo calificó el allanamiento como “ilegal” y ahora busca destituir al coronel Harvey Colchado, quien dirigió la operación, por considerar que “vulneró” la inmunidad presidencial.
“La cuñada de Castillo formaba parte de una organización criminal liderada por el señor presidente de la república”, sostuvo el fiscal Jorge García Juárez al fundamentar el martes el pedido de prisión.
Yenifer, quien considera a la pareja presidencial como sus “padres”, “es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora”, agregó.
En la audiencia de este viernes también compareció José Nenil Medina, alcalde de Anguía, un pueblo de la norteña de Cajamarca, región de la que es oriunda la familia de Castillo.
La cuñada y el alcalde supuestamente actuaron en alianza para ofrecer y adjudicar irregularmente obras de saneamiento, según la fiscalía, que pidió para cada uno de ellos 36 meses de prisión preventiva.
