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Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la quincuagésima tercera prórroga del régimen de excepción, que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales y suma ya 92,740 personas capturadas desde su entrada en vigor, según el Gobierno. La medida estará vigente del 30 de julio al 28 de agosto de 2026. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, mientras que los diputados de ARENA se encontraban ausentes.
Las garantías suspendidas, detalladas en la solicitud oficial leída por la secretaria de la junta directiva, Elisa Rosales, corresponden a los artículos 12 inciso segundo (derecho de la persona detenida a ser informada de inmediato y de forma comprensible de sus derechos y de las razones de la detención, así como la asistencia de un defensor), 13 inciso segundo (prohibición de que la detención administrativa exceda las 72 horas) y 24 de la Constitución (inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones). La petición, firmada por el secretario de asuntos jurídicos de la Presidencia, Adolfo Muñoz, sostiene que “es necesario prolongar dicho régimen en lo referente a las medidas extraordinarias vinculadas a la limitación de los derechos contenidos en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República, que en este momento son las que resultan necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad”.
El Gobierno informó que las capturas totales alcanzan las 92,740, lo que representa 260 detenciones más respecto a las reportadas un mes antes. En el debate, la diputada Claudia Ortiz reiteró la postura de su partido: Vamos ha solicitado que el régimen se aplique “sin margen de error”.
Durante la sesión, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, señaló que hubo “gobiernos metidos en pactos con pandillas, que financiaron a las pandillas, que hicieron pactos con pandillas para que favorecieran en votaciones”. “No podemos permitir que la memoria sea corta porque cuando un país olvida su pasado corre el riesgo de repetirlo”, advirtió.
En la solicitud de prórroga, el Ejecutivo afirmó que “se ha constatado la participación de menores de edad, pandilleros, en el reclutamiento de otros menores para incorporarlos a estas organizaciones criminales, así como en la posesión de droga y armas de fuego”. Añadió que “en procedimientos de seguridad se ha recolectado evidencia digital que confirma la persistencia de vínculos, mecanismos de coordinación y actividades orientadas a mantener la influencia de estas organizaciones criminales”.
La diputada Alexia Rivas, también de Nuevas Ideas, aseguró que el pasado mes de junio “cierra como el más seguro en los últimos nueve años”. El Ejecutivo contabiliza 1,275 días sin homicidios durante la actual administración y atribuye la drástica reducción de asesinatos, sobre todo, al régimen de excepción.
Mientras, organizaciones nacionales e internacionales han registrado más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, en su mayoría por capturas arbitrarias. Además, reportan denuncias de torturas, malos tratos y más de 500 muertes de personas bajo custodia del Estado.
