La Cámara Tercera de lo Civil, de la primera sección del centro de San Salvador, finalizó la audiencia preparatoria del juicio por enriquecimiento ilícito contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por un presunto enriquecimiento ilícito de $277,482.54.
El juicio empezó el pasado martes, en una primera jornada y finalizó el martes; pero el fallo será entregado el próximo lunes por los magistrados de la referida cámara.
Las partes procesales esperan que los magistrados acepten las pruebas que han ofrecido para probar o refutar la acusación por la supuesta riqueza ilícita de la exfuncionaria y su hija.
En la primer jornada, la defensa de ambas procesadas alegó improponibilidad por falta de legitimación activa y pasiva, es decir, que el proceso tiene defectos que supuestamente impiden seguirlo; el primero que no existe un daño puntualizado provocado al Estado, puesto que no ha reclamado un “empobrecimiento”, dado que la exfuncionaria no manejaba fondos públicos, indicó la abogada Heizel Alvarado Aguilar.
Asimismo, expuso que la hija de la exdiputada no puede ser procesada por enriquecimiento ilícito, porque no tuvo calidad de funcionaria pública, y a su criterio, la ley contra enriquecimiento ilícito es aplicable solo a quien ha desempeñado la función pública.
La parte fiscal respondió que solo necesitan probar que un incremento patrimonial sin justificación y no probar que el Estado empobreció y que existe jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional donde argumenta que no hace falta ser funcionarios públicos para enriquecerse sin justa causa.
A Peña Mendoza, la Fiscalía le imputa al menos seis irregularidades mientras estuvo en el cargo de diputada propietaria entre los periodos 2012-2015 y 2015-2018, y pidieron a la Cámara que se le condena a restituir $140,521.60.
