Los alegatos finales por parte de la defensa en el caso “Saqueo Público” finalizaron este jueves con la argumentación y exposición de fundamentos a favor de Rigoberto Palacio Panameño, exjefe de Contabilidad de la Presidencia de la República, acusado de peculado.
“El ejercía funciones dentro del área de contabilidad gubernamental”, afirmó su abogado Roberto Claros.
En sus alegatos, el abogado empezó por aclarar que Palacios Panameño no era funcionario público con poder de decisión, sino que era empleado público de bajo nivel.
A juicio de la Fiscalía, toda la incorporación de información al sistema de contabilidad que Panameño realizó es calificada de peculado, pero luego del análisis, el defensor concluye: “todas las acciones que él realizaba estaban amparadas por la normativa de ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) y por la normativa del sistema de administración financiera; por tanto no es posible estarle atribuyendo responsabilidad penal al señor Rigoberto Panameño”.
En ese sentido, el abogado dijo que todas sus acciones estuvieron amparadas en la normativa del Ministerio de Hacienda, mientras la Fiscalía pretende cuestionar procedimientos cuando esas atribuciones no le corresponden; “sino que es Hacienda quien define cómo es la forma que se operativiza el tema de los gastos reservados”
De no estar de acuerdo con la forma en que se han manejado los fondos públicos, afirmó el defensor, deberían promover una reforma en la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Hacienda modifique y determine cuáles serán los procedimientos de los gastos reservados.
Panameño es una de las 29 personas acusadas en el caso “Saqueo Público”, donde el principal procesado es el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien aparentemente ideó extraer $351 millones del erario público durante su gestión entre 2009 y 2014.
