AFP
El presidente Bernardo Arévalo, que no tiene la facultad para preguntó a la Corte de Constitucionalidad si Consuelo Porras cumplía el requisito de «honorabilidad» para seguir en el cargo tras señalamientos de «socavar» la democracia.
La Corte «se abstiene de emitir la opinión que solicitó el presidente», indicó en una resolución divulgada ayer lunes. Agregó que las interrogantes fueron «formuladas» con «falencias» y estableció «que no es viable conocer el planteamiento» del mandatario socialdemócrata.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática», lideró polémicas investigaciones contra el partido de Arévalo y las elecciones de 2023 que pusieron en jaque la transición presidencial en enero pasado.
Una de las pesquisas del Ministerio Público consideró que los comicios de 2023 son «nulos» por supuestas anomalías en el conteo de actas. Arévalo calificó las acciones de Porras como un intento de «golpe de Estado» para evitar que asumiera el poder por su promesa de atacar a las élites «corruptas» del país.
El mandatario también le ha pedido públicamente a la fiscal su renuncia, pero ella se niega a dimitir. En febrero, Arévalo denunció a la fiscal ante la Corte Suprema para que le retire la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, aunque el tribunal no se ha pronunciado.
A inicios de mayo, el gobernante presentó personalmente un proyecto de ley que le facilite destituirla pues en la actualidad solo puede hacerlo con causa justificada como una condena penal. La iniciativa no ha avanzado en el Congreso. Porras es fiscal desde 2018 y en 2022 comenzó su segundo periodo, que va hasta mayo de 2026.
