Al menos seis organizaciones de la sociedad civil revelaron que entre el 27 de marzo y el 31 de julio han recibido unas 3,186 denuncias de abuso de poder y contabilizan la muerte de 72 personas que estaban en prisión en el marco del Régimen de Excepción.
Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, explicaron que la mayoría de las denuncias corresponden a detenciones arbitrarias cometidas por agentes de la PNC.
De los 3,186 casos reportados por las organizaciones, 2,588 corresponden a denuncias interpuestas en Cristosal, 237 en el Idhuca, 226 en Fespad, 109 en SSPAS, 15 a Amate y 11 a Red.
“Urgimos que investiguen de manera independiente, imparcial y exhaustiva las distintas denuncias de violaciones a derechos humanos”, indicó Danilo Flores, Idhuca.
Según las organizaciones, las denuncias son en población masculina, que en Cristosal representaban el 86.3 %, en el Idhuca al 87.2 % y Fespad al 89.4%.
“Parte del trabajo de las organizaciones es estar documentando las vulneraciones a derechos humanos justamente con la intención que luego pueda servir de evidencia en el total de violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en este periodo”, dijo Rina Monti, directora de investigaciones de Cristosal.
Los representantes especificaron que la mayor parte de denuncias de vulneraciones a derechos humanos ocurren en grupos erarios que van desde los 15, 18 años hasta los 30 años de edad.
Monti también aseguró que hasta la fecha se contabilizan unas 72 personas detenidas bajo el Régimen de Excepción que han muerto en custodia del Estado.
“El número total que tenemos identificados y que los tenemos monitoreando son 72 personas fallecidas, 70 hombres y dos mujeres”, especificó Monti.
El representante de Fespad, Hector Castillo, cuestionó que hasta la fecha no haya una postura del Estado en esclarecer la muerte de las personas en las cárceles.
“La afectación de derechos de las personas privadas de libertad, muchas de las cuales han sido capturadas bajo denuncias… no existen motivación para su captura, al punto a llegado las afectaciones a derechos que se han reportado muertes al interior de los centros penitenciarios, sin que las autoridades den una explicación y sin que haya claridad de la respuesta del Estado ante estos hechos”, afirmó Castillo.
El martes, la Fiscalía General de la República explicó que investigan 125 muertes al interior de los penales, de estas, en 17 declararon que no había causa penal, porque murieron por enfermedades.
Las organizaciones pidieron a la Asamblea Legislativa que deje sin efecto el Régimen de Excepción y que se restituya las garantías procesales de los derechos fundamentales, ya que actualmente no existen causales constitucionales que permitan la vigencia.
Contrario a esta petición más del 90% de la población ha manifestado que está de acuerdo con el Régimen de Excepción porque por primera vez se vive un amiente de seguridad en el país, algo que no se vivió durante los gobiernos de ARENA y FMLN.
Además han visitado El Salvador varias delegaciones de otros países que sufren niveles altos de homicidios para conocer como se está implementando el Régimen de Excepción en El Salvador, y estudiar si esta medida puede ser aplicada en sus países.
