La ONG Cristosal avisó, este miércoles, a la fiscalía general de la República que investigue al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) por presuntos delitos de corrupción en el traspaso de tierras en favor de una socia de la madre del encargado de los penales salvadoreños.
La jefa de la unidad anticorrupción y justicia de Cristosal, una institución vinculada con la izquierda, Ruth López, pidió a la Fiscalía que indague la transferencia de inmuebles que el ISTA habría hecho a particulares sin seguir el procedimiento debido.
“La ley es clara, se debe establecer ciertos requisitos para poderse entregar inmuebles, en este caso transferir inmuebles a terceros a bajo determinados parámetros”, sostuvo López afuera de la sede fiscal de La Sultana.
Cristosal también pidió a la Fiscalía, investigar presuntos incrementos patrimoniales, de personas ligadas al director de penales, Osiris Luna. “En este caso hay que recordar los hechos, es la socia de su mamá (de Osiris Luna) que termina siendo beneficiada con estos inmuebles que le fueron vendidos y fueron adquiridos inicialmente a un bajo precio de $11 mil», añadió López.
En abril de este año, el periódico digital El Faro publicó una investigación donde reveló que reos en fase de confianza construían en un terreno de la playa Las Hojas, propiedad de Marta Mileydi Campos, una persona de confianza de Alma Yanira Meza, ésta última, madre de Luna.
Los reos que ahí laboraban dijeron a El Faro que era «una misión debajo de agua», en referencia a qué no era oficial en el plan Cero Ocio. Lugareños dijeron que Luna y su madre llegaban a ese lugar frecuentemente. Esas parcelas pertenecieron al ISTA.
Ante esto, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) respondió que en el lugar construían una planta desalinizadora, y según reportes periodísticos, Campos donó de forma «irrevocable» el terreno a la autónoma. ANDA habría acelerado la inscripción del nuevo terreno, según El Diario de Hoy.
“En un tercer punto que traemos a la fiscalía son los posibles actos de encubrimiento de los hechos y esto está muy relaciona nuevamente a todo lo ocurrido después que se hizo público por ustedes los medios de comunicación sobre la titularidad de los yerros y el trabajo de personas privadas de libertad en estos terrenos estaban en el Centro Nacional de Registro (CNR) como propiedad de una persona particular” , añadió López, quién también dijo que piden a la Fiscalía que indague el abuso de poder para la creación de plazas fantasmas.
