Fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron a magistrados de diversas cámaras que cuatro exfuncionarios y su núcleo familiar se apropiaron de $683,473.43.
Uno es el exministro de la Defensa del Gobierno de Mauricio Funes, Atilio Benítez. En las sentencias emitidas entre el de enero y el 5 de junio de 2023 se condenó a los demandados civilmente a reintegrar al Estado el dinero con el cual se enriquecieron de forma ilícita mientras ejercieron cargos de ministros, viceministros o de diputados.
Los expedientes fueron llevados ante las cámaras tras resoluciones que emitieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes en corte plena votaron por iniciar los juicios civiles.
A los exfuncionarios, la Sección de Probidad de la CSJ, cuando presentaron sus declaraciones juradas, les detectó un incremento patrimonial no justificado y, pese a que fueron emplazados para que presentaran pruebas y desvanecer las irregularidades, no lograron documentar la procedencia de los fondos.
La otra es la exviceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía en el Gobierno de Antonio Saca, Blanca Imelda Jaco. La CSJ ordenó aplicarles el marco legal de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data de 1959, la cual establece un régimen sancionatorio consistente en multas para que devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Basándose en los artículos 20 y 21 de la normativa, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, Atilio Benítez llevó los casos hasta la audiencia probatoria para que se impusieran las condenas como responsables de enriquecimiento ilícito sin causa justa y fueran sancionados a restituir al Estado lo que adquirieron indebidamente. Están obligados a pagar los montos establecidos, si no, la Fiscalía puede iniciar acciones legales.
Además, los exfuncionarios, al ser encontrados culpables, quedaron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 10 años.
A Benito Lara, su esposa y a su hija, la Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, los condenó devolver al Estado $109,555.87, dinero con el cual se enriquecieron ilícitamente.
Mientras el exministro José Atilio Benítez, junto a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez, tendrán que devolver al Estado $121,657.35, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, determinó que se enriquecieron ilícitamente.
El exdiputado Douglas Avilés por no justificar su incremento patrimonial, y su esposa Brenda Cecilia Quezada de Mejía, fueron declarados responsables civilmente de enriquecerse de forma ilícita y deben devolver $322,761.
Ex viceministra Blanca Imelda Jaco.
La exviceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, en el gobierno de Antonio Saca, Blanca Imelda Jaco, su esposo e hija, fueron condenados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar su incremento patrimonial. Deben reintegrar al Estado, $129,498.
