El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador dará a conocer el 18 de noviembre si el exdiputado de ARENA, Alberto Romero, es enviado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por $1.6 millones, delitos que él niega
La audiencia preliminar contra el exlegislador Alberto Romero concluyó el pasado 11 de noviembre en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador. Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que Romero sea enviado a juicio y que toda la prueba sea admitida para su análisis en un tribunal de sentencia.
El Ministerio Público acusa a Romero de incrementar su patrimonio de forma no justificada y de blanquear capitales mediante una reestructuración de fondos. Según la acusación presentada ante la Asamblea Legislativa en agosto de 2023, el exdiputado habría enriquecido y lavado $1,162,388.05, aunque otras publicaciones cifran el monto del lavado en $1,612,388.
De acuerdo con la FGR, entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, Romero movilizó $401,835 de origen desconocido y abonó en cuentas bancarias $901,993.81, pese a que sus remuneraciones como diputado sumaron al menos $500,158.81. La Fiscalía también detectó movimientos financieros a nombre de su esposa e hija.
La defensa, encabezada por el abogado Fernando Meneses, sostiene que las pericias de la Fiscalía demuestran la inocencia de Romero. Meneses argumentó que entre 2009 y 2022 el exdiputado recibió $1,517,114 en liquidez por su cargo y registró gastos por $1,225,726, dejando un superávit de $291,000. Con base en ello, solicitó un sobreseimiento provisional por enriquecimiento ilícito y un sobreseimiento definitivo por lavado de dinero.
Al salir de la audiencia, Romero se declaró inocente al ser cuestionado por periodistas, mientras era custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil.
La acusación penal contra Romero se originó tras la condena civil emitida el 14 de agosto de 2023 por la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro, con sede en Cojutepeque. Ese tribunal lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito por $445,766.05 y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. En ese proceso, su esposa e hija fueron exoneradas.
Romero fue desaforado por la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre de 2023 con 78 votos a favor y capturado esa misma noche. La lectura de la resolución que definirá si el caso pasa a juicio está programada para las 8:00 de la mañana del 18 de noviembre.
