La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) apelará la condena de 15 años de prisión impuesta al activista salvadoreño Fidel Zavala por estafa agravada contra tres víctimas por 4.025 dólares, según informó la abogada y portavoz de la organización, Ivania Cruz.
La abogada Ivania Cruz, quien se encuentra asilada en España, explicó que el recurso de apelación se presentará «en cuanto esté en firme» la resolución de condena, emitida el martes 10 de noviembre de 2026 por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. El tribunal halló culpable a Zavala del delito de estafa agravada y le impuso cinco años de cárcel por cada una de las tres víctimas, al considerar que «ejecutó un plan preconcebido para engañar a las víctimas» y que «actuó con dolo y ardid para provocar un perjuicio económico». Los montos defraudados fueron de 850, 2.000 y 1.175 dólares, respectivamente.
Según la acusación, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018 y febrero de 2021, cuando Zavala «captaba fondos mediante falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas» y se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S.A. de C.V., que operaba a través de la plataforma Forex. La defensa señaló que el tribunal no admitió como prueba los estados de cuenta bancarios en el extranjero que, según su versión, demostrarían que Zavala podía pagar lo adeudado.
Zavala fue capturado en febrero de 2025 junto a otras 25 personas en el marco de una operación policial relacionada con la comunidad La Floresta, acusado de agrupaciones ilícitas, amenazas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de parcelaciones y limitación a la circulación. Sin embargo, ya había enfrentado un proceso judicial previo por estafa en 2022, que lo mantuvo encarcelado durante 13 meses hasta que fue declarado inocente en marzo de 2023. Durante esa primera detención, Zavala aseguró haber presenciado abusos contra personas privadas de libertad y presentó denuncias formales ante las autoridades correspondientes. Tras recuperar la libertad, se incorporó a Unidehc, organización que brinda asistencia jurídica a personas que denuncian capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
La portavoz de Unidehc sostuvo que, a raíz de esas denuncias, la Fiscalía General de la República presentó «de manera secreta una acusación penal nueva por estafa» contra Zavala en cinco casos, de los cuales fue absuelto en cuatro y solo recibió condena en el restante. «La Fiscalía presionó a Fidel para un proceso abreviado y que se declarara culpable, algo que él no consideró porque sigue luchando por su inocencia», denunció Cruz. Para la abogada, la condena «es una manera de criminalizarlo y desacreditarlo por lo que significa ser testigo y víctima del Estado en el marco del régimen de excepción».
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Cristosal, también calificaron la sentencia de «política» y advirtieron que el encarcelamiento de Zavala «pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y torturas». Amnistía Internacional, que ha dado seguimiento al caso, había expresado previamente su preocupación por «el uso abusivo del derecho penal contra personas defensoras y líderes comunitarios para criminalizar la defensa de derechos humanos en El Salvador».
Zavala permanece recluido en las celdas del Centro Judicial de San Salvador, aunque su defensa advirtió que podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Cruz expresó preocupación por esa posibilidad, al señalar que en ese recinto se encuentran «los verdugos a los que él denunció». El 10 de marzo de 2025, un total de 171 organizaciones de más de 20 países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger a Zavala. Tras la audiencia inicial del año pasado, el activista aseguró que enfrentaba una «persecución política» destinada a silenciar a quienes han «denunciado injusticias». El caso de Zavala se produce en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención y el acceso a un abogado, y que ha sido cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos.
